Sobreseyeron a dirigentes sociales imputados por cortar las calles en Córdoba

La Cámara de Acusación de Córdoba decidió el sobreseimiento de seis dirigentes sociales y gremiales, quienes fueron imputados tras una movilización en las calles el 5 de abril de 2023.

El tribunal aceptó los argumentos presentados por las defensas en relación a las imputaciones formuladas por el fiscal Ernesto de Aragón.

Este había señalado delitos de desobediencia a la autoridad y de impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos, cargos que habían sido reducidos previamente por la jueza de Control, Anahí Hampartzounián.

Los dirigentes que fueron sobreseídos incluyen a Federico Giuliani de ATE, Agustín Nazar del Movimiento Teresa Vive, Marisa Cariddi de Libres del Sur, Emanuel Berado y Soledad Díaz del Polo Obrero, así como a Roxana Carezano.

Esta jueves por la tarde se llevará a cabo una convocatoria en Plaza San Martín para celebrar la decisión de la Justicia de Córdoba. El abogado Claudio Oroz, quien representa a estos dirigentes, expresó su satisfacción con la resolución de la Cámara de Acusación, que cuestiona las acciones del fiscal Ernesto Aragón.

Oroz afirmó en diálogo con Cadena 3: "Esperemos que este fallo de la Cámara de Acusación termine con la persecución constante que los fiscales, ordenados desde la Fiscalía General, hacen sobre quienes ejercen el sagrado derecho de movilizarse". Además, destacó que este fallo es un paso importante para "ponerle un coto a la persecución judicial en contra de la movilización gremial y social".

La Cámara de Acusación, conformada por los jueces Salazar Davis y Patricia Farias, determinó que se produjo una "restricción tolerable" a los derechos de otros ciudadanos durante la manifestación. Oroz apeló a los derechos adquiridos y el derecho a peticionar, señalando que "estamos en presencia de un debate constitucional".

El abogado también cuestionó la presión que enfrentan los fiscales, quienes deben actuar ante el reclamo social de los vecinos. "Los fiscales están claramente bajo presión social. Permanentemente le piden que intervengan", dijo Oroz, refiriéndose a la reacción de la Cámara de Comercio y centros vecinales que exigen protección de sus derechos.

El fiscal Aragón había solicitado llevar a juicio a los dirigentes, argumentando que se había producido un corte total. Sin embargo, la Cámara de Acusación resolvió que no hubo un ilícito, dado que no se notificó fehacientemente a los imputados sobre la condición previa de respetar el corte de media calzada. Este fallo podría sentar un precedente en el tratamiento de manifestaciones y cortes de calles en el futuro.

• Desacuerdo del fiscal De Aragón con la resolución

El fiscal Ernesto de Aragón, quien intervino en el caso, expresó su desacuerdo con la resolución en diálogo con Radioinforme 3. "Soy totalmente respetuoso de los fallos judiciales, pero estoy absolutamente en contra. Discrepo en su totalidad con lo resuelto en el fallo y creo que con argumentos que son muy cuestionables", afirmó.

De Aragón consideró que el fallo podría validar cortes de tránsito como método de protesta, algo que él considera ilícito. "Entiendo que no corresponde, que resulta ilícito y que en este caso nosotros entendimos que respondía a un plan deliberado por parte de las organizaciones sociales", añadió.

El fiscal también planteó la preocupación de que, si el fallo queda firme, limitará los criterios que se pueden adoptar en futuros casos relacionados con cortes de calles. "Los lineamientos que fija la Cámara de Acusación para nosotros de algún modo van a limitar los criterios que podamos adoptar en estos casos", indicó.

Respecto a la tolerancia de la sociedad ante cortes de calles, De Aragón comentó que hay detalles en la resolución que le parecen objetables. "La norma prevé no solamente la obstrucción o el impedimento de la circulación, sino que el estorbo y el entorpecimiento", explicó, subrayando que el límite de tolerancia se cruza en situaciones como la que se juzga. "Sin duda, concuerdo en que hay casos en que la sociedad debe tolerar ciertas conductas, pero en este caso en particular, ese límite se cruza", agregó.

Sobre la naturaleza de la protesta en 2023, el fiscal aseguró que fue una manifestación programada con varios días de anticipación, con el objetivo principal de cortar calles y rutas. "Esto se materializó en distintas provincias del país, y también en la ciudad de Córdoba, tratando de obstaculizar las vías de circulación", afirmó.

Finalmente, De Aragón reflexionó sobre la presión que siente como fiscal en situaciones de protestas que afectan a la comunidad. "Nosotros tratamos de equilibrar y hacer una gestión de lo que son estas protestas para evitar que no se pueda manifestar libremente, pero por el otro lado de que no se afecte el derecho de terceros", concluyó, reconociendo que el fallo representa un "golpe fuerte" que podría limitar su trabajo en el futuro.

Entrevista de Miguel Clariá.