Para constitucionalista, “no importa la cantidad sino la calidad de los jueces"

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, el constitucionalista Antonio María Hernández abordó la situación actual de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, destacando la urgencia de completar los cinco miembros del tribunal e incorporar mujeres en los cargos vacantes. 

“Es lo más urgente que tiene el país”, afirmó Hernández, subrayando que, aunque la Corte puede funcionar con tres miembros mediante conjueces, lo ideal es alcanzar la composición completa con “hombres de Estado” de alto nivel intelectual, probidad y, sobre todo, independencia. 

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Hernández enfatizó que la calidad de los ministros es más importante que el número de integrantes. “No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. Necesitamos magistrados con independencia para ejercer sus funciones”, señaló, destacando el rol de la Corte como cabeza del Poder Judicial y última instancia en temas constitucionales. Además, sugirió que un número prudente de miembros sería entre cinco y siete, siguiendo el modelo estadounidense, donde la Corte Suprema resuelve unas 100 sentencias al año, frente a las más de 10.000 que enfrenta la Corte argentina, evidenciando una “tremenda demora” en el sistema judicial.

El constitucionalista criticó propuestas pasadas que buscaban ampliar la Corte a 15 o incluso 25 miembros, calificándolas de “disparate” y alertando sobre el riesgo de politización. 

En este sentido, cuestionó duramente la reciente nominación de Ariel Lijo por parte del gobierno, considerándola un “grave error político-institucional”. Según Hernández, esta propuesta reflejaba un intento de “disciplinar” a la Corte para convertirla en un tribunal adicto al poder, un problema recurrente en la historia argentina. 

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Finalmente, Hernández lamentó la “decadencia institucional” del país, marcada por un Congreso que “no funciona”, un Poder Ejecutivo hiperpresidencialista que gobierna por decreto y un Poder Judicial que debe garantizar la supremacía constitucional. “La Corte Suprema debe resolver las causas de mayor impacto político, institucional y social, y para eso se necesitan cambios profundos en su funcionamiento”, concluyó.

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