Derrumbe en Güemes: la constructora del edificio había sido denunciada en 2012

La tragedia ocurrida el fin de semana en un edificio del boulevard San Juan, en Barrio Güemes, donde el derrumbe de un revestimiento causó la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, reavivó las advertencias sobre la precariedad estructural de la construcción.

La abogada Karina Zeverin reveló que en 2012 ya había denunciado a la empresa constructora Fito SRL por mala praxis durante la edificación, logrando una condena que, sin embargo, no derivó en medidas preventivas suficientes para evitar la tragedia ocurrida trece años después.

En diálogo con Radioinforme 3, Zeverin contó que representó a Gabriela Manfredi, quien alquilaba un local comercial donde funcionaba el bar Manhattan (luego, Posto Bar), ubicado en la base del edificio construido entre 2010 y 2012.

Según la abogada, durante la construcción, Manfredi sufrió perjuicios significativos debido a la negligencia de la constructora: materiales de obra ocupaban la vereda y cascotes que caían desde alturas cada vez más grandes, poniendo en riesgo a los clientes y al propio negocio.

"La Municipalidad constató las irregularidades y multó a la empresa, al igual que el juez que intervino en el caso", afirmó Zeverin.

La sentencia, dictada en primera instancia en el Juzgado de 12ª Nominación, reconoció que Manfredi sufrió "lesiones a su patrimonio" por la "desidia y desaprensión en la protección de la vida humana" durante la construcción.

El juicio, conocido como Manfredi contra Fito SRL, condenó a la constructora a resarcir a la locataria, pero la indemnización fue considerada "exigua" por Manfredi, quien apeló ante la Cámara Segunda de Córdoba, donde el caso sigue en casación.

"La sentencia reconoció que la construcción era peligrosa, pero no quedó firme porque Manfredi pidió una indemnización mayor, ya que el juez entendió que no había pérdidas materiales ni daños físicos cuantiosos", explicó Zeverin. A pesar de esto, la abogada subrayó que tanto el juez como la Municipalidad estaban al tanto de las fallas desde 2012, incluyendo diez multas aplicadas a la constructora por irregularidades.

Zeverin cuestionó cómo un edificio con antecedentes judiciales y multas municipales recibió el final de obra en 2018. "Si en 2012 se constató una mala praxis constructiva, ¿Cómo se aprobó ese final de obra? El presidente del Colegio de Ingenieros señaló que los ladrillos del revestimiento carecían de anclaje adecuado a la estructura en altura. Este edificio se engendró mal, siguió mal y terminó mal", afirmó.

La abogada destacó que los vecinos, un kiosquero y otros comerciantes de la zona ya sospechaban que el edificio "se iba a caer", una percepción que se vio trágicamente confirmada con el derrumbe del sábado, que mató a Alaniz Cortés, de 34 años.

La letrada también criticó la falta de controles efectivos por parte de las autoridades municipales a lo largo de tres gestiones distintas. "No es un problema de una sola administración, es una constante falta de control", señaló, y cuestionó la reciente intimación de la Municipalidad a los consorcistas para que presenten un plan de reestructuración en 24 horas.

"¿Qué culpa tiene el vecino del 1°B o del 4°C de que el edificio estuviera mal construido desde el principio? Esto no es un problema de mantenimiento del consorcio, es una falla estructural de la constructora y de quienes diseñaron el proyecto", argumentó.

Aunque el juicio de 2012 no denunció específicamente el desprendimiento del revestimiento, Zeverin enfatizó que las fallas estructurales señaladas en aquel momento son un antecedente directo de la tragedia. "Se denunció y se ganó un juicio por mala praxis constructiva durante todo el proceso de edificación. Si la Municipalidad y la Justicia sabían de esto, ¿Por qué no se tomaron medidas para prevenir algo así?", se preguntó.

La abogada lamentó que el negocio de Manfredi se viera afectado al punto de "fundirse" por trabajar junto a una obra peligrosa, mientras los clientes sufrían el riesgo constante de los cascotes.

La abogada señaló que, aunque su caso no está directamente vinculado al fallecimiento reciente, las irregularidades denunciadas en 2012 deberían haber servido como alerta para evitar una tragedia como la ocurrida.

Actualmente, otro estudio jurídico, liderado por el doctor Carlos Nayi, representa a los propietarios del edificio en una querella por daños civiles y penales derivados del derrumbe.

"Este edificio estaba en la mira de la Justicia desde 2012. La Municipalidad constató las irregularidades, se pidieron medidas de seguridad, pero no se clausuró la obra ni se garantizó su corrección", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.