Familiares de víctimas opositores a amnistía por crímenes en conflicto armado peruano

LIMA (AP) — El avance de una propuesta legislativa en Perú que podría exonerar de responsabilidad penal a militares y policías procesados por delitos graves durante el conflicto armado entre 1980 y 2000 fue objeto de críticas contundentes por parte de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos el jueves.

La iniciativa de amnistía, si se aprueba, generaría la impunidad de 156 casos ya sentenciados y más de 600 en trámite, según estimaciones de la Coordinadora de Derechos Humanos, un grupo integrado por 74 organizaciones que han abogado por las víctimas durante décadas.

“Quienes violaron, mataron, torturaron y desaparecieron los restos de más de 22.600 peruanos no merecen ese perdón”, manifestó Doris Caqui, maestra de 65 años y líder de un grupo de familiares afectados en una conferencia de prensa.

Caqui recordó su propia tragedia al mencionar que su esposo, Teófilo Rímac, fue detenido por el ejército en su hogar en 1986, llevado a una base militar en los Andes y nunca más regresó. Su cuerpo sigue sin ser hallado y los responsables no han sido llevados ante la justicia.

El Congreso de Perú aprobó en primera instancia la norma con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, con una segunda votación pendiente que determinará su futuro. De ser aprobada, la presidenta Dina Boluarte podrá promulgarla, presentar observaciones, o dejar que transcurran 15 días para que se oficialice por el Congreso.

La denominada “amnistía humanitaria” busca beneficiar a militares y policías mayores de 70 años que enfrentan condenas o investigaciones por delitos que surgieron de su actuación en el conflicto interno. En este periodo, unas 70.000 personas perdieron la vida, incluyendo más de 20.000 desaparecidos, según estudios de comisiones de verdad.

Los abogados de las víctimas señalan que, en la actualidad, hay 1.092 efectivos procesados, pero solo 38 han sido condenados en 35 años. Casos emblemáticos que podrían verse afectados por esta ley incluyen sentencias recientes contra diez exmilitares por violaciones a adolescentes en la década de 1980 y otro contra 18 exmilitares por el asesinato de 39 campesinos en 1988.

Defensores de la medida, como el legislador Fernando Rospigliosi, argumentan la necesidad de aliviar la carga de los efectivos procesados y señalaron que muchos han enfrentado juicios interminables. Sin embargo, sus críticos insisten en que cualquier ley que otorgue amnistía resulta inaceptable y revictimizante.

En 1995, una ley de amnistía previa fue derogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El escenario actual evoca esos momentos y genera un clamor por justicia que continúa presente entre las familias afectadas por la violencia sistemática del pasado.

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