Empleada fantasma: el abogado de Virginia Martínez desmintió a Nadia Fernández

Tras las declaraciones de Nadia Fernández, a raíz del escándalo del caso de la empleada fantasma, el abogado Gustavo Castellano, se hizo eco y desmintió lo dicho por la vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba.

Castellano es el representante de Virginia Martínez, la mujer cuyo nombre fue utilizado para generar un contrato irregular. El caso, que involucra al expuntero político del PJ, Guillermo Kraisman, expuso fallas en los controles legislativos y desató un cruce de acusaciones sobre la veracidad de los hechos.

En una entrevista con Cadena 3, Fernández admitió haber firmado la designación de Virginia Martínez, pero afirmó que la empleada incurrió en falso testimonio al negar que sabía de su nombramiento. 

Según la legisladora, Martínez fue recomendada por Kraisman para un puesto en la Legislatura, justificando que se trataba de una persona desempleada que necesitaba una oportunidad. 

Sin embargo, Fernández aseguró que, al comprobarse que Martínez no cumplía con los requisitos mínimos, el contrato fue anulado. Además, destacó que los controles internos de la Legislatura funcionaron para frenar la maniobra.

Estas declaraciones fueron refutadas por el abogado Gustavo Castellano, quien representa a Martínez. En diálogo con Cadena 3, el letrado expresó su sorpresa por las aseveraciones de Fernández, asegurando que "carecen de veracidad" y que no se condicen con la documentación existente en las causas judiciales en curso. "No puedo dar detalles de las pruebas por restricciones procesales, pero sí puedo hablar de un amparo por mora que presentamos", explicó.

Castellano relató que, a fines de enero, Martínez los consultó tras descubrir que su nombre y documento de identidad fueron usados para abrir una cuenta sueldo que ella desconocía. Ante la falta de respuestas de la Legislatura a sus pedidos de informe, presentaron un amparo por mora. 

Recién el 5 de abril, la Unicameral respondió, mencionando un decreto (373) que autorizaba la contratación de 22 personas, entre ellas Martínez. Sin embargo, la información fue parcial, ya que no se especificó el contrato ni las tareas asignadas. "Hemos insistido para que la Legislatura informe al respecto, pero no se condice con la realidad lo que dice Fernández", afirmó el abogado.

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Respondiendo a preguntas puntuales, Castellano desmintió que Martínez haya sido recomendada por Kraisman o que ella le haya solicitado un nombramiento. "Hay pruebas de que nunca quiso ese puesto. En diciembre, ella trabajaba en una empresa privada en relación de dependencia, lo que hacía incompatible el empleo público", aseguró, contradiciendo la versión de Fernández, quien afirmó que Martínez estaba desempleada. 

Castellano también negó que su defendida haya intentado, a través de Kraisman, obtener un puesto en la Legislatura, y aclaró que Martínez sigue trabajando en el sector privado.

El abogado fue categórico al desmentir que la Legislatura haya frenado la maniobra por controles internos, como afirmó Fernández. Según Castellano, el caso salió a la luz el 16 de enero, cuando Kraisman y una mujer identificada como Luciana Castro intentaron cobrar el sueldo en un banco. "Una cajera diligente advirtió la maniobra, denunció a su superior y ahí se detectó. La Legislatura no tuvo ningún control", afirmó.

Otro punto de controversia fue la falta de claridad sobre las tareas que Martínez habría realizado. Fernández afirmó que las funciones se asignarían una vez que la empleada comenzara a trabajar, pero Castellano reveló que, en el amparo, pidieron saber qué tarea, lugar y horario correspondían al puesto, sin obtener respuesta concreta. "La Legislatura transcribió normas generales, pero no dijo nada específico. Fernández admitió que no había un objetivo definido para el nombramiento", señaló.

Consultado sobre si Fernández faltó a la verdad a sabiendas, Castellano evitó un juicio directo: "No puedo juzgarla, no sé si fue mal asesorada o no. Me limito a los documentos, que no coinciden con lo que ella dijo". 

También mencionó una posible vinculación entre la madre de Martínez y Kraisman, pero señaló que la investigación judicial determinará si hubo una intención deliberada de crear una cuenta sueldo falsa para beneficiar al puntero político.

El caso, que expone una maniobra irregular en la contratación de personal en la Legislatura, pone en el centro del debate la transparencia en los procesos administrativos y los controles internos de la Unicameral.

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En diálogo con "Ahora País", Castellano insistió con que Martínez "no sabía" que estaba siendo registrada como empleada. Su cliente fue informada de su situación solo después de presentar un amparo para obtener información sobre el escándalo que surgió tras la detención de Guillermo Kraisman.

Además, el abogado señaló que existe un chat donde Martínez niega cualquier vinculación con el expuntero del peronismo de Córdoba, quien, aparentemente, tuvo acceso a su información personal.

Castellano remarcó que "hay muchas inconsistencias en la declaración" y planteó interrogantes sobre el sistema que permite que personas sean nombradas sin que realmente trabajen, aunque no pudo confirmar si esto es parte de un esquema más amplio.

La situación se complica aún más con la imputación de Martínez por falso testimonio, un punto que Castellanos consideró injusto, dado que su defendida "no tenía interés" en la contratación. La defensa ya ofreció pruebas testimoniales y espera que el fiscal Franco Mondino, que investiga el caso, reciba estas pruebas para esclarecer los hechos.

Finalmente, el abogado puso en duda la ética del fiscal Mondino, quien anteriormente asesoró al bloque del Partido Justicialista en la Legislatura.

Entrevista de Miguel Clariá y Rodolfo Barili.