La política se infiltra en las elecciones judiciales de México ante el desconocimiento de candidatos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Este domingo, México llevará a cabo por primera vez elecciones para elegir a sus jueces, y lo hará entre una lista de cientos de candidatos que muchos votantes conocen poco o nada. A pesar de que se establecieron regulaciones para impedir que los partidos promovieran a los aspirantes, la campaña ha evidenciado intentos de injerencia política.

El Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de la organización de estas elecciones, implementó normas estrictas para la campaña, que finalizó el miércoles, con el objetivo de asegurar condiciones de equidad y transparencia en la elección de los 881 jueces que serán seleccionados el 1 de junio. Por ejemplo, los candidatos podían recibir apoyos únicamente de sus propios recursos y no deberían tener financiamiento de organizaciones políticas. Además, se les permitió realizar pequeñas concentraciones y difundir sus propuestas en redes sociales, bajo un tope de gastos que variaba entre 11,000 y 70,000 dólares según el cargo al que postulaban.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos del INE, analistas han señalado que el proceso se ha visto influenciado por la política desde su origen. Las elecciones judiciales son el resultado de una reforma muy controvertida impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien también se mostró crítico hacia el INE y redujo su presupuesto durante su mandato.

Un legado para Claudia Sheinbaum

La reforma en el sistema de elección de jueces representa una herencia política para la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien verá en las votaciones del domingo un indicador del poder de convocatoria del gobierno. Aunque está prohibido que los partidos apoyen a candidatos específicos, se ha instado a los seguidores del gobierno a participar en la elección. El politólogo Javier Rosiles Salas opinó que la votación servirá para evaluar el control y la influencia de Sheinbaum dentro de su partido, Morena, y en otros estados.

Aspirantes favorecidos por el oficialismo

Los candidatos apoyados por el oficialismo representan más del doble de aquellos respaldados por la oposición. Estos aspirantes fueron seleccionados a través de un proceso en el que participaron tres comités de distintos poderes del gobierno. Muchos de los postulantes tienen una historia de cercanía con el partido gobernante.

Por ejemplo, María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica de López Obrador, y Paulina García Villegas, hija de una diputada oficialista, son reconocidos entre los aspirantes para ocupar un cargo en la Suprema Corte. Este esquema de selección alentó críticas sobre la posible politización del sistema judicial.

Intervención de partidos políticos

Más allá de la selección inicial, algunos partidos —tanto Morena como oponentes como Acción Nacional y Movimiento Ciudadano— han sido acusados de intervenir durante la campaña electoral de forma encubierta, al promover la votación mediante explicaciones sobre cómo ejercer el voto. Se han distribuido folletos que incluyen no solo detalles del proceso electoral, sino también nombres de candidatos, generando dudas sobre la imparcialidad de la campaña.

Sin sanciones a la vista

Las autoridades electorales han recordado las prohibiciones existentes, pero hasta ahora no han impuesto sanciones por las irregularidades observadas. Por su parte, Sheinbaum hizo un llamado al INE para que intervenga al referirse a listas de candidatos que circulan sin autorización.

La importancia de la participación

La presidenta ha resaltado la importancia de la elección, animando a la ciudadanía a participar. Afirmó que será un evento histórico, donde millones elegirán a los integrantes del poder judicial. Esta elección es crucial para medir el respaldo popular a la reforma impulsada por el gobierno anterior, en un contexto donde persiste la desinformación.

Riesgo de politización de la justicia

Frente a las preocupaciones sobre la politización del sistema judicial, Sheinbaum ha manifestado su confianza en que la nueva judicatura “responderá a la justicia”. Sin embargo, expertos advierten que el riesgo de erosión democrática se incrementa si el poder Ejecutivo continúa concentrando más funciones a expensas de los mecanismos de control.

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