La industria del juicio no se rinde: hoy, las ART
21/05/2025 | 14:19Redacción Cadena 3
El sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), implementado en la Argentina en los años '90, nació con objetivos ambiciosos: reducir la siniestralidad laboral, garantizar el resarcimiento a los trabajadores accidentados y disminuir la litigiosidad que agobiaba a las empresas.
Los dos primeros se cumplieron. Desde su creación, las muertes por accidentes laborales cayeron un 81% y los incidentes un 55%, gracias a un esquema que incentiva la prevención: las empresas pagan una prima de seguro a las ART, que se reduce si no registran siniestros, y las inspecciones mejoraron notablemente la seguridad laboral.
Hoy, los niveles de siniestralidad en Argentina son comparables a los de países desarrollados. Sin embargo, el tercer objetivo, reducir la litigiosidad, no solo no se logró, sino que se convirtió en un problema descomunal que amenaza la viabilidad del sistema.
La "industria del juicio" es un elefante en la habitación que nadie puede ignorar. En 2013, en Córdoba, el fiscal Enrique Gavier destapó una red mafiosa que involucraba a abogados, sindicalistas, trabajadores desleales y médicos que falsificaban certificados para inflar demandas. En esta provincia, con una economía similar a la de Santa Fe, había el doble de juicios laborales. La connivencia de los foros laborales y la pasividad del Tribunal Superior de Córdoba permitían que estas prácticas prosperaran.
A raíz de este escándalo, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una reforma en 2017 que creó juntas médicas y estableció baremos para regular los porcentajes de discapacidad. Los resultados fueron inmediatos: en Córdoba, los juicios bajaron respecto a Santa Fe a 10.000 por año, frente a los 16.500 de su vecina. Pero el problema persiste: muchas provincias no adhirieron a estas reformas y la litigiosidad sigue desbocada.
Este año, las ART esperan 132.000 juicios laborales, un aumento respecto de los 124.000 de 2024. Para ponerlo en perspectiva, Santa Fe, con menos del 10% de la población de España, tiene el doble de juicios que ese país. ¿Qué alimenta esta maquinaria? Incentivos perversos y falta de regulación.
Los peritos, por ejemplo, cobran en función del porcentaje de discapacidad que certifican, lo que los alienta a inflar diagnósticos. Se inician juicios incluso tras altas médicas sin secuelas, y las tasas de interés aplicadas a las indemnizaciones son desmesuradas. Todo esto encarece el sistema: en Córdoba, el costo de las ART equivale al 5% de la masa salarial, más que los aportes a obras sociales o al PAMI.
La industria del juicio no solo es un costo empresario, sino un freno al desarrollo económico. Las ART no pueden reducir las primas porque la litigiosidad mantiene los costos por las nubes, lo que termina afectando la competitividad y el empleo formal.
Mientras tanto, los trabajadores genuinos que sufren accidentes ven opacada la justicia que el sistema debería garantizarles. La solución está a la vista: generalizar las reformas que funcionaron en provincias como Córdoba, establecer controles estrictos sobre certificaciones médicas y alinear los incentivos para desmantelar esta red de intereses.
Ignorar el problema es perpetuar un "costo argentino" que nos aleja de la modernización laboral y la justicia social que el sistema ART prometió hace tres décadas.
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Récord de juicios. Litigiosidad laboral: las ART advirtieron por el riesgo de quiebra del sistema
La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, dijo a Cadena 3 que Argentina registra 15 veces más juicios que España y 21 veces más que Chile.
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