PAMI: un escarmiento para los propietarios del Estado
El Gobierno analiza sanciones para empleados del PAMI que cerraron una filial por la marcha en apoyo a Cristina Kirchner.
25/06/2025 | 14:20Redacción Cadena 3
El pasado miércoles 18 de junio, coincidiendo con una movilización de apoyo a Cristina Kirchner, la oficina del PAMI en El Bolsón, Río Negro, decidió no abrir sus puertas. No solo los cuatro empleados administrativos, sino también el coordinador de la oficina, tomaron esta decisión en solidaridad con la expresidenta.
Un simple cartel colgado en la entrada anunciaba: "18 de junio, paro nacional". Sin más explicaciones, la oficina permaneció cerrada, dejando a decenas de personas sin atención, en un día de intenso frío. Entre los afectados, una mujer que acompañaba a su madre de 89 años para realizar un trámite se encontró con las puertas cerradas, hecho que dio visibilidad a la situación.
El PAMI, tras constatar que no se realizó ni un solo trámite ese día, está evaluando las consecuencias de este cierre. Las autoridades mencionaron la posibilidad de suspensiones o incluso despidos, aunque aún no hay una decisión firme. Se espera que en las próximas horas pueda haber novedades, pero el proceso no parece ser inmediato. Este episodio pone en el centro del debate un problema estructural: el funcionamiento de las oficinas estatales y la responsabilidad de quienes las operan.
El Bolsón, ubicado a 120 kilómetros de Bariloche, cuenta con una población aproximada de 25.000 habitantes, de los cuales cerca de 3.000 son adultos mayores de 65 años, el principal grupo que depende de los servicios del PAMI.
Mantener una oficina de atención en una localidad como esta implica un esfuerzo económico significativo para el Estado. Oficinas como las del PAMI o Anses, distribuidas por todo el país, representan un costo elevado para garantizar el acceso a servicios esenciales. Sin embargo, en este caso, cinco empleados, incluido el coordinador, decidieron no cumplir con su función sin respaldo sindical ni un paro oficialmente declarado, aparentemente motivados por una postura política.
En el sector privado, por ejemplo, una empresa que no opera simplemente quiebra. Pero, ¿Qué pasa con una oficina estatal que no presta el servicio para el que existe? ¿Qué justificación puede haber para que continúe funcionando si no cumple su función?
El caso de El Bolsón no es aislado. Se asemeja, por ejemplo, a situaciones como la de las escuelas municipales de Córdoba, donde los chicos se quedaron sin clases durante dos meses por el conflicto de la Municipalidad con el Suoem.
Más allá de lo ocurrido en El Bolsón, este episodio refleja un problema más profundo: la transformación de ciertas oficinas públicas en espacios de militancia. Los empleados, en este caso, actuaron por fuera del control administrativo y de las responsabilidades que les corresponden, en lo que podría considerarse una apropiación indebida de los recursos del Estado.
Finalmente, surge una reflexión sobre los procesos administrativos para sancionar estas conductas. ¿Por qué es tan complejo despedir o sancionar a empleados que no cumplen con su trabajo? ¿Qué más debe pasar para que se tomen medidas efectivas?
