Por los paros, proponen declarar la "emergencia judicial" en Córdoba
El conflicto, que lleva más de un mes, tiene su origen en el reclamo del gremio de empleados judiciales por mejoras salariales.
23/05/2025 | 08:50Redacción Cadena 3
La provincia de Córdoba enfrenta una crisis en su sistema judicial, marcada por un conflicto prolongado entre los empleados judiciales y el Poder Judicial. Las medidas de fuerza, que incluyen paros semanales y movilizaciones, generaron demoras significativas en los trámites judiciales. Al respecto, el bloque del Frente Cívico en la Legislatura propuso la declaración de una emergencia judicial.
El conflicto, que lleva más de un mes, tiene su origen en el reclamo del gremio de empleados judiciales por mejoras salariales. Según el legislador Walter Nostrala, el problema no es solo salarial, sino que incluye deficiencias estructurales crónicas, como problemas edilicios, falta de personal y carencia de capacitación.
Nostrala destacó un dato alarmante: en 2024, renunció un empleado judicial por día, muchos de ellos prefiriendo trabajos alternativos, como conducir para aplicaciones de transporte, debido a los bajos salarios. "Es inaceptable que empleados judiciales, como ordenanzas, ganen por debajo de la línea de pobreza, mientras que algunos sectores tienen sueldos elevados", afirmó.
El incumplimiento de un acuerdo de 2016, que prometía equiparar los salarios de la justicia provincial con los de la justicia federal, es uno de los puntos centrales del reclamo. Eduardo Bittar, presidente del colegio de Abogados de Córdoba explicó a Cadena 3 que este desfasaje generó una disparidad salarial que afecta no solo a los empleados, sino también a los ciudadanos que dependen del sistema judicial.
"La ralentización de los procesos es evidente. En áreas como penal, laboral, familia y civil, los trámites se demoran, y en las unidades judiciales, la toma de denuncias se ve comprometida", explicó el presidente del Colegio de Abogados.
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La situación llegó a un punto crítico, con fiscales atendiendo en barandilla debido a la escasa presencia de empleados y una notable demora en la resolución de expedientes. "Los procesos se están volviendo más lentos, y en algunos casos, como en el ámbito penal, decisiones que deberían tomarse hoy se postergan una semana o más", señaló Bittar.
El impacto no solo afecta a los ciudadanos que buscan resolver trámites, sino también a los 15.000 abogados de la ciudad, quienes ven perjudicado su trabajo diario. Las unidades judiciales, ubicadas en comisarías y dependientes del Ministerio Público Fiscal, también sufren las consecuencias. "Hay denuncias que no se toman porque los empleados están en paro o en asambleas, y los fiscales, que no pueden adherir a las medidas de fuerza, deben cubrir esos turnos, lo que genera un colapso en el sistema", detalló Bittar.
Desde el Colegio de Abogados, se insistió en la necesidad de una mesa de diálogo para resolver el conflicto. El lunes se espera la conformación de esta instancia, con la participación del secretario de Trabajo, Omar Sereno.
"El primer paso es que las partes se sienten a conversar, dejando de lado las tensiones personales y enfocándose en los intereses comunes. No se trata de gritar más fuerte, sino de buscar un entendimiento", enfatizó Bittar. Aunque se implementaron algunos reescalonamientos salariales, el gremio los considera insuficientes.
El legislador Nostrala propuso que el Estado provincial destine fondos adicionales al Poder Judicial para atender los reclamos, pero el Gobierno argumentó que la brecha económica es significativa.
"La Justicia no es solo un servicio esencial, es una función del Estado. No puede haber privación de justicia", concluyó Bittar.
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