La densa trama detrás de los chicos inimputables acusados de graves delitos

Por Juan Federico

Tiene 15 años. Su familia ya forma parte de la memoria criminal de Córdoba. Antes de morir, consumido por un cáncer de pulmones que lo obligaba a respirar con asistencia, su abuelo pidió sacarse una foto con el amor de su vida: una pistola. 

El velorio, en el verano de 2020, fue noticia nacional: eran tantos los familiares presos, que el Servicio Penitenciario de Córdoba debió poner a disposición un colectivo de la institución para trasladarlos desde la cárcel de Bouwer hacia el domicilio de barrio Müller, donde le dieron el último adiós en medio de un impresionante operativo de seguridad.

Formaron parte del linaje de “los Coreanos”, la banda familiar asentada en la altura de Villa Inés, en los alrededores del cementerio San Vicente, donde incursionaron en un delito que en los primeros años de la década de 2000 ningún funcionario se atrevía a nombrar en Córdoba: los narcosecuestros.

Se llevaban cautivos a familiares de los muchos narcotraficantes que hay en esa zona de la ciudad, a los que les exigían dólares o cocaína como “rescate”. Contaban con todo a su favor: las víctimas preferían no denunciar para evitar las preguntas policiales que jamás iban a poder responder de verdad.

La crueldad de la banda no tenía límites: a un niño de menos de 10 años lo escondieron dentro de un panteón del cementerio San Vicente, hasta que su familia pagó el rescate.

Fueron tantos los casos, que al final terminaron por ser detenidos y juzgados. Abuelos, tíos y padres. Delincuentes, traficantes, consumidores consumidos. Todos siempre con un arma de fuego en la mano, la ruta invisible de la que nadie se atreve a hablar en voz alta: ¿hace cuánto que en Córdoba no se habla de un operativo de verdad, a gran escala, contra los traficantes de armas?

Abuelos, padres, tíos. Ahora es el turno de ellos. Tercera y hasta cuarta generación sumergida en el delito. El domingo pasado, este adolescente de 15 años, junto a otros dos de su misma edad, uno de sólo 13 y otro de 17, asaltaron a por lo menos seis conductores de aplicaciones de viajes. 

Aunque el registro oficial habla de un robo, los vecinos y los policías que trabajan en el sector cuentan la cifra real. A todos los citaban en la misma zona de Campo de la Ribera y cuando llegaban, un niño les hacía señas. Apenas el conductor aminoraba la velocidad, aparecía el resto, dispuesto a despojarlos de celulares, dinero y zapatillas. Incluso, del vehículo.

Estas bandas saben de sobra la vulnerabilidad con la que trabajan estos conductores, aún en un limbo legal en la ciudad de Córdoba. Para evitar los controles municipales, y sobre todo las multas millonarias, terminan por enfocarse en la periferia de la ciudad, donde los riesgos aumentan y los tradicionales choferes de taxis y remises hace tiempo evitan ingresar. Campo de la Ribera, Müller y Maldonado, en la misma mancha urbana de los alrededores del cementerio San Vicente, hace rato que tienen sus “esquinas de las emboscadas”, según cuentan los propios vecinos. Sin embargo, la prevención policial parece no alcanzar o, al menos, llegar a tiempo.

Tras el último robo, este domingo, el joven de 15 años y sus cómplices, fueron detenidos.

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Este miércoles a la noche, el mismo adolescente de 15 años fue atrapado, otra vez, acusado de haber arrojado una bomba molotov contra el auto que un policía había estacionado frente a la comisaría de barrio Müller. O sea, casi al frente de la propia casa de “los Coreanos”. Porque así de cerca conviven.

Quince años. Descendiente de una familia que hace décadas hace un culto del delito. Dos veces detenido en menos de una semana. En abril, ya había sido capturado por atacar un puesto policial de la Costanera. 

¿A quién se le ocurrió, dentro del Estado y de la Justicia, que era una buena idea que volviera para ser revinculado con su familia apenas unas horas después de ser detenido? Un primo de 16 años está detenido desde el 22 de mayo último, acusado de matar a balazos a un vecino de la misma zona.

Los otros dos adolescentes de 15 años que este miércoles a la noche fueron detenidos junto a este joven por el ataque con la molotov habían sido detenidos este lunes. También, por robar a conductores de aplicaciones de viajes. También, ya habían sido revinculados con sus familias. También, ya estaban de nuevo en la calle delinquiendo.

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El circuito oficial es un canto a la impotencia. Policía, unidad judicial, sección Asuntos Juveniles, Juzgado Penal Juvenil, declaración de incompetencia porque es menor de 16 años, aviso a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), relevamiento familiar exprés, y la orden judicial de que regrese de nuevo a su casa.

Córdoba no tiene ningún lugar especial para alojar a menores de 16 años en conflicto con la ley penal. Al ser inimputables, se entiende que "no son responsables" de lo que hacen.

Para los mayores de 16 años, existe Complejo Esperanza y las llamadas "residencias de medio camino". Para los más chicos, sólo residencias para alojar a chicos que deben ser apartados de sus familias porque se han vulnerados sus derechos más elementales.

Pero los menores de 16 años que delinquen quedan en una zona gris, que en realidad es bastante oscura: nadie termina por ocuparse de la situación de fondo.

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En marzo, la Unicameral aprobó un régimen de excepcionalidad que supone una serie de pasos burocráticos (y no del todo claros) para que la Justicia determine si algún menor de 16 años puede ser alojado de manera temporal en un sector especial de Complejo Esperanza. Pero hasta ahora, los funcionarios políticos no han tenido tiempo para reglamentar aquella ley, por lo que en la práctica aún no funciona.

En el medio, se intentó en algunos casos que los adolescentes menores de 16 años participaran en el llamado programa de Justicia Restaurativa, que tampoco ha dado grandes resultados por un detalle no menor: los involucrados asisten si ellos quieren.

Desde ya un tiempo a esta parte, se han multiplicado los casos graves con adolescentes inimputables, lo que ha generado un debate sobre la edad de imputabilidad. Pero más allá de la disputa política en ese sentido, queda pendiente otra interpelación más profunda: ¿qué hacer de manera efectiva para apartar a estos jóvenes de un camino marcado por el delito y, muchas veces, por la droga? Devolverlos a hogares donde la cultura del delito parece ser una norma no asoma como la mejor opción.

La semana pasada, un adolescente de 14 años quedó internado en gravísimo estado luego de que un policía le disparara al resistir un presunto asalto. Con este caso, ya son cuatro las ocasiones en la que este joven fue objeto de alguna intervención estatal por delito, sólo durante este año.

También fue noticia en los últimos días la enésima detención de un adolescente de 15 años, que cuando tenía 14 fue acusado de ser uno de los asesinos de Sebastián Villarreal en barrio Yofe Norte. Su derrotero judicial y por los institutos de la Senaf ha terminado por convertirse en una síntesis de un fracaso circular.

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El jueves pasado fue sorprendido en Villa Carlos Paz en un auto robado, que adentro tenía varias chapas patentes también sustraídas. Hacía menos de un mes, lo habían detenido por asaltar a mano armada a una mujer policía en Córdoba, a la que intentó robarle la moto. En enero, también había sido capturado por un robo. 

Desde septiembre en adelante, cuando abandonó Complejo Esperanza porque no había ningún marco legal para dejarlo allí alojado, este joven desafío varias veces las restricciones impuestas por una jueza de Menores. 

Desde la Senaf se había indicado que una familia de acogimiento se estaba haciendo cargo de él desde entonces. Pero el jueves a la noche, fue su propia madre la que fue a retirarlo de la unidad judicial de Villa Carlos Paz. Un juez había autorizado su liberación.

El fiscal Andrés Godoy, que investigó el crimen de Sebastián Villarreal, terminó por confeccionar un expediente que resultó ser un demoledor relato de lo peor de la delincuencia juvenil en Córdoba. Sin proponérselo, dejó expuesto un diagnóstico de una realidad que excede los debates de escritorio.

Los asesinos, acusa, tenían 17 y 14 años. Esa madrugada, en una moto robada, salieron de cacería. Y ejecutaron a Sebastián de un balazo calibre 380 cuando lo encontraron frente a su casa, apenas se asomaba en su moto para ir a trabajar. No le dieron tiempo a nada. Otros dos jóvenes, de 19 y 20 años, eran los encargados de suministrarles las armas y las balas. Y uno un poco más grande, de 25 años, tenía como misión ocultar y revender las motos que robaban a sangre y fuego.

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El drama lejos está de ser una realidad que únicamente se ha instalado en Córdoba. En febrero, dos adolescentes de 14 y 17 años, con un largo historial de delitos, fueron señalados detrás de la brutal muerte de Kim Gómez (7), la pequeña que fue arrastrada al quedar colgando del auto de su madre que estos jóvenes acababan de robar en La Plata.

En Rosario, donde los “soldaditos” narcos de 14, 15 y 16 años ya se han convertido en fríos sicarios en ojotas, en marzo hubo un caso que genera escozor y replantea muchas de las preguntas que aún no tienen respuestas: el 6 de marzo último tres chicos de 10, 13 y 14 años, patearon, rociaron con un líquido inflamable y prendieron a Hugo Orlando Silva, un hombre de 45 años que dormía en la calle en una esquina del barrio Villa Manuelita, en el sur de la ciudad. Agonizante, antes de morir alcanzó a decirle a los médicos que no conocía a sus atacantes. 

El juez de Menores encargado de investigar el crimen, Alejandro Cardinale, aún no sale de su estupor: “Cuesta entender qué motivó lo que hicieron”. Sí sabe que estos chicos tienen hermanos, también adolescentes y un poco más grandes, acusados de graves delitos encargados por otros muchachos, ya mayores, que durante su adolescencia fueron objetos de múltiples intervenciones estatales.

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